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UN INGENIERO DENUNCIA LAS ESTAFAS DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS

  • Un ingeniero denuncia la estafa de las eléctricas
    Es ingeniero industrial, trabajó durante cuatro años en la filial española de Landis & Gyr, primer fabricante mundial de contadores de la luz, y conoce desde dentro cómo funciona el sistema. Su negativa a participar en un grupo clandestino creado para “estafar a los usuarios”, le valió el despido mediante una “denuncia falsa” que destruyó su reputación profesional y su solvencia económica. Esto es lo que, en una entrevista valiente y muy reveladora, cuenta Antonio Moreno, en lucha desde 1994 para rehabilitar “su buen nombre” y denunciar “la gigantesca estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz, cometida por el Gobierno, las compañías eléctricas y los fabricantes”.

    P: Lleva 20 años en lucha contra las eléctricas, ¿por qué?
    Por dos motivos: Rehabilitar mi buen nombre profesional y poner fin a los graves perjuicios ocasionados a los usuarios por dicha mafia, formada por los dos principales partidos políticos, las grandes compañías eléctricas y las multinacionales fabricantes de contadores de la luz.

    P: ¿Qué motivó el principio su cruzada?
    La rehabilitación de mi buen nombre profesional. En 1994 fui despedido de Landis & Gyr Española, mediante una denuncia falsa de su entonces director comercial, Félix Rivas Perales, en represalia por negarme a colaborar con el grupo Contact.

    P: ¿Qué es el grupo Contact?
    Un grupo clandestino integrado por directivos de las empresas fabricantes de contadores de la luz. Sus principales finalidades son repartirse consensuadamente el mercado, imponer precios superiores a los que resultarían de la libre competencia y facilitar al Ministerio de Industria datos falsos sobre los precios medios de mercado de esos aparatos.

    P: ¿Cuáles son sus denuncias?
    La imposición de restricciones a la libre competencia en el mercado de los contadores de la luz, el cobro por las compañías eléctricas de un servicio inexistente y la estafa en los precios de alquiler.

    P: ¿Cómo explica esas “restricciones a la libre competencia” por parte de Contact?
    Primero, repartiendo consensuadamente el mercado entre las empresas integrantes del grupo, y, después, obligando a los distribuidores aplicar unos precios de venta que hacen antieconómica la compra del contador, forzando así al usuario a alquilarlo a la compañía eléctrica.

    La existencia de restricciones a la libre competencia ha sido reconocida por la propia Comisión Nacional de Energía, que en el Informe solicitado por el Ministerio de Economía y la Junta de Andalucía, en relación con el escrito de denuncia formulada por mí, emitido el 20.09.2001, expone en su décima y última conclusión: “Aunque la regulación ha permitido históricamente que los consumidores adquiriesen en propiedad los diferentes equipos de medida y control, la realidad demuestra que la inmensa mayoría de ellos lo son en régimen de alquiler a las empresas distribuidoras.

    La principal razón no es otra que los precios de venta a los que los consumidores pueden optar son sensiblemente superiores a los de las empresas distribuidoras. Se observa que los mecanismos de fijación de precios en el mercado de contadores pudieran ser discriminatorios para los diferentes tipos de compradores, lo cual corresponde legalmente examinar a los órganos competentes en materia de competencia".

    A pesar de haber transcurrido casi 13 años desde que la CNE emitió su informe, “los órganos competentes en materia de la competencia” no han hecho absolutamente nada para poner fin a las restricciones, lo cual ha tenido como consecuencia que el 43% del mercado de contadores telegestionables esté monopolizado por Enel, empresa pública italiana, que no permite que en la red de distribución de Endesa (cuya propietaria es Enel) sea instalado un contador telegestionable que no haya sido fabricado por Enel.

    Debido a ello, todos los usuarios conectados a la red de distribución de Endesa (11,55 millones, a 31.12.2013) están obligados no sólo a aceptar el contador de Enel, sino a elegir la opción de alquiler, ya que los precios de venta impuestos por Enel a su distribuidor en España hacen antieconómica la opción de compra

    P: ¿Cuál es el servicio inexistente cobrado por las compañías eléctricas?
    La verificación periódica de los contadores domésticos electromecánicos, de los que había 25,8 millones el 01.01.2007, fecha a partir de la cual dejaron de instalarse. Desde 1984, los usuarios llevamos pagados más de 11.000 millones de euros, que se incrementan cada día en 600.000, por una verificación que no es posible porque el Gobierno aún no ha publicado la normativa que define cómo realizarla.

    P: ¿Afirma que el Gobierno lleva 30 años provocando premeditadamente un vacío legal que nos lleva costados más de 11.000 millones de euros?
    Sí. Además, no sólo lo provoca premeditadamente, sino que lo reconoció en 2006 en un escrito al Congreso, en el que mintió. Esto da una idea de la profundidad de la impunidad de la corrupción institucional que sufrimos.

    El 21.03.2006, la diputada Isaura Navarro hizo por escrito la siguiente pregunta al Gobierno: “¿Cuando tiene previsto el Gobierno publicar en el BOE la normativa oficial sobre verificación periódica de contadores de la luz?”.

    La respuesta del Gobierno, mediante escrito de 21.07.2006, fue: “El Gobierno es consciente de la necesidad de elaborar una reglamentación que elimine el vacío legal actual y garantice los derechos de los consumidores. El Gobierno estima que la Orden Ministerial requerirá al menos un año más para su publicación”.

    A día de hoy, en que han transcurrido 29 años desde la entrada en vigor de la Ley 3/1985, de Metrología, y 8 años desde que el Gobierno prometiera que la publicación de la normativa sobre verificación periódica de los contadores electromecánicos de la luz tardaría al menos un año, dicha normativa aún no ha sido (ni será) publicada.

    P: Parece increíble… ¿Ha habido alguna reacción por parte de los partidos políticos o de la Administración de Justicia?
    Absolutamente ninguna. A pesar de mis numerosos escritos a los grupos políticos del Congreso y del Parlamento de Andalucía, a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción y al Consejo General del Poder Judicial.

    P: ¿En qué consiste la supuesta estafa que denuncia en los precios de alquiler de los contadores?

    El criterio de cálculo del precio de alquiler de los contadores de la luz es definido en la condición general 16 del Anexo II del Real Decreto 1725/1984, que establece que “para los contadores no especiales de hasta 63 Amperios, el Ministerio de Industria y Energía fijará las cantidades concretas máximas que se puedan aplicar por su alquiler, en base al 1,25% del precio medio de mercado del aparato”.

    En la primera etapa, de 1984 a 1987, planificada por el Gobierno (PSOE), las compañías eléctricas y los fabricantes de contadores, éstos facilitan al Ministerio de Industria precios medios de mercado falsos, con objeto de que los precios de alquiler publicados en el BOE, que son calculados aplicando el 1,25%, sean muy superiores a los que resultarían si fueran los reales.

    La estafa es reconocida por los propios fabricantes en un escrito requisado durante los registros efectuados en mayo de 1998 por siete inspectores de la Comisión Europea en las sedes de Landis & Gyr Española (Sevilla), Siemens (Madrid) y Sclumberger (Barcelona), y en las oficinas de los principales distribuidores de dichos fabricantes.
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