El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil investiga a dos responsables de una empresa de transportes por carretera, ubicada en Chipiona (Cádiz), por supuestos delitos contra el derecho de los trabajadores, de falsedad documental, por manipular el tacógrafo mediante el uso del imán y por falsear los datos de identidad de los conductores en los discos diagramas, igualmente son investigados por conducción temeraria, al realizar los conductores jornadas de conducción maratoniana que atentan gravemente contra la seguridad vial, ha informado hoy el Instituto Armado.
La investigación de los hechos se inició hace un año, a raíz de la denuncia presentada ante la Guardia Civil por dos conductores de la empresa, que habían sido despedidos bajo la aparente finalización de su contrato de trabajo, si bien la causa encubierta del despido fue que no accedieron a las indicaciones y coacciones del empresario para cometer las citadas irregularidades.
Tras intensa labor de investigación, el GIAT comprobó que, manipulación del tacógrafo, con el fin de llegar al destino en el desde la dirección de la empresa, mediante el uso de teléfonos corporativos, se alentaba a los conductores hacer uso de imanes para la menor tiempo posible, tratándose de rutas internacionales de ámbito europeo.
De igual manera les indicaban el procedimiento de cómo falsear directamente los discos diagramas del tacógrafo, esta vez en lo referente a la identidad del conductor, de esta manera y de forma ficticia justificaban jornadas de conducción en equipo que realmente eran realizas por un único conductor, con el elevado riesgo para la seguridad vial.
Los conductores realizaban las irregularidades bajo amenazas de despido, en condiciones de acoso profesional y personal, si bien nunca denunciaron sus condiciones laborales ante la Administración dada la situación de «precariedad y necesidad del trabajo» y la escasez de otras alternativas en la época de crisis en las que se desarrollan los hechos.
La investigación de estos hechos por vía penal ha supuesto un enfoque «novedoso», ha resaltado la Guardia Civil en una nota, ya que, a priori, suelen ser consideradas unas meras infracciones administrativas muy graves reguladas en la legislación de transportes terrestres por carretera, sancionadas con 2000 ¤ e inmovilización del vehículo e infracción muy grave al Reglamento General de Circulación, sancionada con 500 ¤ y seis puntos de retirada del crédito asignado al permiso de conducción del conductor; sin embargo, se ha iniciado un procedimiento penal en el que se encuentran investigados a los órganos de dirección de la empresa como a sus conductores.
La instrucción de las diligencias policiales ha dado lugar a la apertura de actuaciones judiciales por los supuestos delitos antes referidos, de los cuales entiende el Juzgado de Instrucción nº 14 de Sevilla.