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Dinero público para rescatar autopistas de gestión privada

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    El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confirmó ayer que el Estado se tendrá que hacer cargo definitivamente de las autopistas de peaje que se encuentran en quiebra, lo que podría suponer un desembolso de entre 4.500 y 5.500 millones de euros. Se trata de las cuatro radiales de acceso a Madrid -gestionadas por un consorcio compuesto por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia-, la M-12 de acceso al Aeropuerto de Barajas, la AP-41 Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante y, por último, la vía que une Cartagena con la localidad almeriense de Vera. Los sobrecostes en el proceso de construcción y la escasez de tráfico han devenido en negocios ruinosos que han provocado fuertes pérdidas en los consorcios concesionarios de esas autopistas.


    En definitiva, se trata de la nacionalización de negocios que no son rentables. Es una operación prevista por la legislación. En los contratos de concesión existe la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que obliga al Estado a asumir la gestión de una infraestructura que está en quiebra y, además, abonar a las compañías que tienen la concesión el importe de la inversión que no han recuperado. En total, como decimos, el Estado tendrá que asumir unos 5.000 millones de euros, cantidad similar a la que nos exige Bruselas de ajuste adicional para 2017 para cuadrar el déficit y que ha motivado una nueva subida de impuestos.



    El Gobierno ha negociado en los últimos años para que no se llegara a esta situación, pero al final no ha quedado más remedio que la nacionalización. Dos de estas autopistas, las radiales R-3 y R-5, ya se encontraban en situación de liquidación, lo que hubiera supuesto su cierre y la pérdida de los puestos de trabajo. El resto habría llegado a la misma situación tarde o temprano. Pero aunque todo este proceso ha sido la crónica de un final anunciado, el resultado, oneroso para las arcas del Estado y por lo tanto para los ciudadanos, merece una reflexión. Porque es difícil explicar a los contribuyentes que las inversiones privadas se queden en el ámbito privado si se obtienen beneficios y devenguen en quebrantos públicos cuando generan pérdidas.



    En primer lugar, este caso llama irremediablemente a la responsabilidad de la Administración a la hora de planificar las infraestructuras. La mayor parte de las autopistas que ahora están en quiebra se planificaron y construyeron antes de la crisis, en pleno boom económico. Los ingresos por tráfico de vehículos proyectados entonces fueron muy superiores a los reales: en algunos casos sólo ha circulado el 16% del volumen previsto. Y los gastos de las expropiaciones tampoco se hicieron adecuadamente, con desviaciones superiores al 600%. Ello se ha traducido en el negocio ruinoso que ahora hay que tratar de enderezar con dinero público.



    Es cierto que este despropósito se debe, en principio, a una mala planificación económica, pero el agujero ocasionado por esta mala gestión es muy importante, por lo que consideramos imprescindible que desde la Administración se abra una investigación para saber qué ha pasado realmente con estas concesiones y delimitar las correspondientes responsabilidades.Después, hay que tratar de minimizar los daños. El Gobierno había prometido que el rescate de las autopistas deficitarias no costaría un euro a los contribuyentes. De hecho, propuso un plan a las empresas y a sus acreedores por el que el Estado se haría con la explotación de las infraestructuras a cambio de una quita del 50% de la deuda y el pago de las cantidades pendientes a 30 años, que se sufragarían con los ingresos de los peajes. Pero este convenio fue denunciado por algunos acreedores y, posteriormente, tumbado por los tribunales.


    De la Serna afirmó ayer que Fomento continúa "intentando negociar con los bancos" acreedores un posible acuerdo pero reconoció que eso era prácticamente imposible. Al Gobierno, pues, no le queda más que tomar la propiedad de esas autopistas y analizar su futuro por razones estrictamente económicas desde el punto de vista del interés general. Puede continuar con su explotación -aunque sería difícil de explicar a los ciudadanos tener que seguir pagando por el uso de un servicio nacionalizado-, eliminar los peajes y convertirlas en autovías convencionales o cerrarlas definitivamente. El rescate de las autopistas es otro ejemplo de aquella etapa de despilfarro económico que no debe volver a repetirse.

    Elmundo.es
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